Apr 3, 2025
Las sociedades inactivas en Costa Rica son a entidades jurídicas legalmente constituidas que no realizan actividades económicas, pero mantienen bienes registrados en el Registro Nacional u otros Instituciones especialmente de tipo financieras. Según datos del Ministerio de Hacienda, aproximadamente 250,000 sociedades en el país se encuentran en esta condición de inactividad, muchas de las cuales mantienen activos como propiedades, vehículos o inversiones financieras sin realizar movimientos comerciales regulares. Estas entidades, pese a su inactividad operativa, tienen obligaciones formales que cumplir ante la Dirección General de Tributación (DGT). El incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones económicas significativas e incluso consecuencias legales para sus representantes.
El principal requerimiento para estas sociedades es la presentación de la Declaración Informativa D-195, un formulario que debe ser completado y enviado a través de la plataforma de Administración Tributaria Virtual (ATV) antes del 30 de abril de cada año. Este documento exige un detalle de todos los bienes registrados a nombre de la sociedad, incluyendo inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y cualquier otro activo significativo, así como información sobre deudas u obligaciones pendientes. Además, se debe justificar el origen de los fondos utilizados para la adquisición de estos bienes, lo que convierte a esta declaración en una herramienta para la DGT en su lucha contra la evasión fiscal.
Hacienda ha intensificado su seguimiento en estas sociedades para combatir la elusión fiscal. Mediante cruces de información con bases de datos como el Registro Nacional y el sistema financiero nacional, las autoridades pueden identificar discrepancias entre los bienes declarados y los realmente existentes. Este sistema de fiscalización digital ha permitido detectar casos donde sociedades supuestamente inactivas mantenían importantes activos no declarados o con incrementos de patrimonio injustificados. La exigencia radica en que muchas de estas estructuras legales han sido utilizadas históricamente para ocultar patrimonio, evadir impuestos de traspaso o incluso lavar dinero.
Las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones conllevan a multas y sanciones además de desencadenar una fiscalización patrimonial, donde la DGT investiga no solo los bienes de la sociedad sino también el patrimonio personal de sus representantes legales, buscando identificar posibles irregularidades.
Más allá del aspecto punitivo, el riesgo estas sociedades radica en la posibilidad de que la DGT cuestione el origen de sus bienes, lo que podría llevar a la imposición de impuestos retroactivos, multas adicionales por omisión en años anteriores, o incluso la apertura de investigaciones por posibles ilícitos. Por esta razón, recomendamos no solo cumplir con los plazos establecidos, sino también mantener una documentación justificante del origen de todos los activos registrados, incluyendo facturas, contratos de compraventa o documentos que acrediten aportes de capital.