La evolución fiscal en la regulación de las plataformas digitales tipo Airbnb en Costa Rica. Un origen sin marco regulatorio.

Por Gabriela Páez

Airbnb nació en 2007, en el contexto de la crisis financiera e inmobiliaria que afectaba a Estados Unidos. Los altos costos de vida en ciudades como San Francisco y las dificultades económicas llevaron a dos emprendedores angustiados a buscar formas creativas de generar ingresos adicionales para cubrir el alquiler o su crédito  del apartamento. Su solución fue simple  pero innovadora: inflaron tres colchones en su sala de estar y ofrecieron alojamiento a corto plazo a visitantes que asistían a una conferencia en la ciudad, incluyendo un desayuno en el servicio. Así nació el concepto de “Air Bed and Breakfast”

La idea evolucionó  al darse cuenta de que muchas personas enfrentaban necesidades similares: aprovechar espacios disponibles para generar ingresos, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Este concepto se convirtió en una plataforma digital que conectaba anfitriones con viajeros, cobrando comisiones por cada reserva realizada. Este modelo permitió a Airbnb expandirse globalmente en poco tiempo.

Sin embargo, su crecimiento se dio en un entorno marcado por la falta de regulación jurídica y fiscal. Muchas ciudades no contaban con leyes específicas para esta nueva modalidad de hospedaje, lo que llevó a conflictos sobre la tributación, el impacto en el mercado inmobiliario y la competencia con el sector hotelero tradicional. Aunque comenzó como una solución de subsistencia, Airbnb se transformó en una de las empresas más grandes y disruptivas del turismo mundial.

Cuando estas plataformas  comenzaron a operar en Costa Rica, la actividad creció rápidamente, pero sin un marco legal claro que las regulara. Muchos propietarios de casas y apartamentos aprovecharon estas plataformas para ofrecer hospedajes a turistas nacionales e internacionales, pero la gran mayoría lo hacía de forma completamente informal. Esto no solo generaba desigualdad con el sector hotelero tradicional, que debía cumplir con rigurosas normativas tributarias y de calidad, sino que también representaba una importante fuga de ingresos fiscales para el Estado. Hacienda, sin las herramientas necesarias para identificar y fiscalizar estas operaciones, enfrentaba una evasión fiscal  en un mercado en crecimiento .

Primer paso de Costa Rica. La Ley Nº 9742: Una base para la regulación del hospedaje digital

En 2019, la Asamblea Legislativa respondió a esta problemática con la promulgación de la Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y su Intermediación a través de Plataformas Digitales. Esta Ley estableció por primera vez reglas específicas , obligando tanto a los propietarios de inmuebles  como a las plataformas digitales a registrarse ante las autoridades correspondientes. Entre las disposiciones , destacó la obligación de inscribirse en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y en la Dirección General de Tributación (DGT), así como la aplicación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 13% sobre los servicios de hospedaje y por ende en su impuesto sobre la utilidades en cualquiera de sus formas. La ley también sentó las bases para la creación de un registro de prestatarios y plataformas, una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y facilitar la fiscalización. Este fue un primer paso esencial hacia la formalización del hospedaje digital.

Segundo paso : El Decreto Nº 43154. Refinando las reglas y cerrando brechas

En 2021, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo Nº 43154, un reglamento que especificaba cómo debía aplicarse la Ley Nº 9742. Este decreto introdujo importantes medidas para reforzar el control fiscal, como la obligación de los dueños  de presentar declaraciones mensuales de impuestos y la designación de las plataformas digitales como agentes retenedores del IVA. Esto significaba que plataformas como Airbnb y Booking.com debían recolectar el IVA directamente de los pagos realizados por los usuarios y transferirlo a Hacienda. Asimismo, el Decreto fortaleció la cooperación entre el ICT y la DGT, exigiendo que se compartieran datos de los prestatarios registrados para facilitar la detección de incumplimientos. Estas medidas comenzaron a cerrar brechas que antes permitían la evasión fiscal, obligando a muchos prestatarios a formalizar sus actividades.

Siguiente paso:  Resolución MH-DGT-RES-0025-2024. Automatización y estándares internacionales

El siguiente  avance llegó en 2024, cuando Costa Rica implementó la Resolución MH-DGT-RES-0025-2024, que marcó un punto de inflexión en la fiscalización del hospedaje digital. Basada en los estándares de la OCDE, esta Resolución introdujo el intercambio automático de información fiscal, obligando a las plataformas digitales a reportar anualmente a Hacienda los ingresos generados por cada propietario . Esto incluye detalles sobre las propiedades alquiladas, las tarifas cobradas y los datos de los usuarios finales. La resolución también impuso estrictas normas de debida diligencia a las plataformas, exigiéndoles verificar la residencia fiscal de los prestatarios y asegurar que cumplan con sus obligaciones tributarias. Este nivel de automatización y transparencia no solo cerró portillos para la evasión fiscal, sino que también colocó a Costa Rica en línea con los estándares internacionales para la economía digital.

Las medidas implementadas han tenido un impacto leve  en la recaudación fiscal y en la formalización del sector. Lo que antes era una actividad predominantemente informal, ahora se espera que sea  considerable al fisco nacional. Además, al regular tanto al hospedaje tradicional como al no tradicional bajo las mismas normas, se ha logrado un mayor equilibrio competitivo en el mercado turístico. Sin embargo, aún persisten cosas por hacer. Muchos propietarios  pequeños continúan operando fuera del sistema, ya sea por desconocimiento de sus obligaciones o por una falta de recursos para formalizarse.  Y tengamos cuidado ya que muchos propietarios basan sus ingresos de estas plataformas para financiar su apartamentos tipo  inversion a futuro. En este contexto, es previsible que Hacienda, en algún momento, requiera cuentas claras sobre estas operaciones.

Conclusión

Costa Rica ha recorrido un largo camino desde los días en que el hospedaje digital era un fenómeno desordenado y sin control. La Ley Nº 9742, el Decreto Nº 43154 y la Resolución de 2024 han transformado este sector, llevando a los dueños  y a las plataformas a operar bajo un marco legal claro y equitativo. Aunque aún quedan portillos  por cerrar y por superar, la combinación de legislación nacional, cooperación internacional y tecnologías de fiscalización pone a Costa Rica en una posición sólida para continuar avanzando en la regulación del hospedaje digital.